La minería es la mayor fuente de ingresos de las familias y con el tiempo se ha vuelto la principal actividad económica de la región y también es la principal causante de los mayores impactos negativos ambientales debido a que se desarrolla de forma ilegal, y el uso de químicos como el cianuro y el mercurio han contaminado de manera exponencial los ríos Atrato y Andágueda los cuales han sido altamente tratados para la explotación del oro sin importar sus consecuencias en la vida y la salud de los habitantes.

Para Conde (2012) “las instituciones del departamento son débiles lo que da un valor estratégico para los actores armados. 19 Informes indican que en los últimos 10 años, el 80 por ciento de las violaciones de derechos humanos se produjeron en regiones minero-energéticas, principalmente en el Chocó”, este tipo de actividad ha sido combatida por el gobierno nacional no solo por el impacto negativo que tiene sobre el medio ambiente y la sociedad, sino, porque se ha convertido en una fuente de financiación importante para los grupos al margen de la Ley.

“Existen diferentes formas con las cuales un grupo al margen de la ley puede beneficiarse de modo directo o indirecto del mercado del oro, como la extorsión, en la que son utilizados los jóvenes y la captación de regalías” (Conde, 2012)

La minería en el corregimiento ha traído consigo el incremento de conflictos armados, desalojo de los productos agropecuarios que en la región se desarrollaban y un aumento en problemáticas socioeconómicas como el alcoholismo, prostitución, consumo de drogas y porte de armas.